Patronal y sindicato no fueron finalmente recibidos por el Secretario de Estado de Empleo tras pretextar durante un mes “otras ocupaciones”
La patronal de taxistas FEDETAXI y el Sector Estatal de Carretera de la FSC-CCOO, que representan a más de 70.000 trabajadores autónomos y 30.000 asalariados del taxi, han presentado conjuntamente este lunes, 23 de mayo, una denuncia en la sede del Ministerio de Empleo y Seguridad Social frente al entramado de empresas que operan bajo la conocida marca CABIFY, para que se investigue si pudieran estar compitiendo en el mercado del transporte urbano amparándose en prácticas de “dumping social”, sustituyendo trabajadores por cuenta ajena por falsos autónomos.
La denuncia se enmarca dentro de las actividades de control de la legalidad de la actividad de las plataformas digitales de intermediación en el transporte de viajeros que efectúan los taxistas y de las que ya advirtió FEDETAXI que llevaría a cabo, pudiendo llegar hasta la vía penal “si al resultado de las investigaciones que se realicen se mostrase necesario”, aseguró el presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal.
Las actividades de CABIFY, presente en España, Chile, México y Perú, están dirigidas en nuestro país por la agencia de viajes minorista MAXI MOBILITY SPAIN, S.L. con objeto social de desarrollo, realización, prestación y comercialización de todo tipo de aplicaciones para terminales móviles, arrendamiento de vehículos con conductor, prestación de servicios de transporte público discrecional de viajeros y actividades propias de agencias de viajes para mediación. Es propietaria al cien por cien de MAXI MOBILITY TRANSPORTE DE VIAJEROS SL. y a su vez controla una red de sociedades fundadas por la cabeza visible y administrador del
entramado, Juan Ignacio García Braschi. Todas con idéntico objeto y con denominaciones tan curiosas como ON PORT FIESTA OMNIBUS, SL; ON BES FIESTA OMNIBUS, SL; IKI FIESTA OMNIBUS, SL; ON YEDI FIESTA OMNIBUS, SL; BIR FIESTA OMNIBUS, SL; SEKIZ FIESTA OMNIBUS, SL; YIRMI ALTI FIESTA OMNIBUS, SL; YIRMI FIESTA OMNIBUS, SL; YIRMI BES FIESTA OMNIBUS, SL; DORT FIESTA OMNIBUS, SL; YIRMI YEDI FIESTA OMNIBUS, SL; YIRIM BIR FIESTA OMNIBUS, SL; UC FIESTA OMNIBUS, SL; ON BIR FIESTA OMNIBUS, SL; DOKUZ FIESTA OMNIBUS, SL; YIRMI SEKIZ FIESTA OMNIBUS, SL; YIRMI DORT FIESTA OMNIBUS, SL; ON SEKIZ FIESTA OMNIBUS, SL; YEDI FIESTA OMNIBUS, SL; ON ALTI FIESTA OMNIBUS, SL; ON DOKUZ FIESTA OMNIBUS, SL; YIRMI UC FIESTA OMNIBUS, SL y ALTI FIESTA OMNIBUS, SL; dedicadas a la actividad de alquiler de vehículos con conductor para la red de CABIFY, cuya matriz MAXI MOBILITY, INC se encuentra radicada en el Estado de Delaware (EEUU).
A pesar de su pequeña extensión, Delaware es un gran centro financiero. Más de 200.000 empresas tienen su sede en el Estado. Esto sucede gracias a las leyes estatales que conceden beneficios fiscales a las compañías que deciden instalar sus sedes allí, atrayendo incluso a muchas que operan principalmente fuera de él. Este hecho dio a Delaware el apodo de “The Land of Free-tax Shopping”. Éste es el caso de CABIFY, que financiada por el fondo inversionista SEAYA VENTURES, con el apoyo del banco español BBVA, y en especial, la hija de su presidente, Beatriz González, ha radicado su matriz en el citado Estado.
El entramado de empresas de CABIFY, presuntamente podría estar reclutando chóferes para “venderles” (simulando la operación como cesión) la necesaria autorización de transporte para llevar a cabo la actividad de alquiler de vehículos con conductor y que como particulares no pueden conseguir, pero que CABIFY sí habría conseguido obtener de la administración pública.
Además, a cambio de suministrarles clientes, recibe una comisión de entre el 20 y 25% de cada servicio de transporte y les vincularía a la adquisición de un vehículo determinado, financiado por el BBVA, dándoles entonces de alta como falsos autónomos colaboradores de la red y asegurándoles una retribución mensual mínima, siempre que trabajen en exclusiva la aplicación durante al menos 60 horas por semana y la “puntuación” de los usuarios de CABIFY no baje de una media de 4,5 estrellas sobre un total de 5; sistema de “reputación” con el que valoran los usuarios los servicios prestados a través de la citada aplicación para smartphones. En caso contrario, sus contratos serían resueltos debiendo indemnizar los conductores a CABIFY, con cantidades que pueden llegar a los 18.000 euros.
El Sector Estatal de Carretera de la FSC-CCOO denuncia especialmente el círculo de precariedad que implicaría este sistema, e igualmente llama a los conductores que se vean en esta situación a que acudan al sindicato para reclamar sus derechos.
La denuncia tiene lugar tras un mes a la espera de intentar ser recibidos por el Secretario de Estado de Empleo y la Inspección central de Trabajo, quienes cancelaron el encuentro con los taxistas más de cinco ocasiones pretextando motivos de agenda por “otras ocupaciones”, de lo que se lamentan FEDETAXI y la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO,. No obstante, ambos confían en que dicha reunión se pueda producir en breve para aportar más pruebas y detalles sobre este asunto que afecta a 100.000 personas. Mientras, pondrán también en conocimiento de las inspecciones de Trabajo, Hacienda y Transportes lo que desde su punto de vista constituye un “dumping social” por parte de la plataforma digital alternativa de UBER al ofertar presuntamente los servicios de transporte sin disponer de una plantilla de conductores por cuenta ajena pese a que todos ellos prestan en exclusiva sus servicios para la marca CABIFY.
Recientemente, su competidora UBER también ha afrontado procesos similares en otros países que han terminado en ocasiones en los tribunales y alguno de ellos en acuerdos millonarios para eludir sus obligaciones sociales frente a su red de “colaboradores”, como denominan estas compañías a sus conductores. Estos comienzan a sindicarse en ciudades como Nueva York, y es llamativo que aún no lo puedan hacer en España.
Por último, FEDETAXI y el Sector Estatal de Carretera de la FSC-CCOO llaman a los usuarios de estas plataformas de falsa economía colaborativa a informarse sobre el “modus operandi” de estas compañías y la precariedad que hay detrás de las mismas, apostando en sus compras por un consumo que resulte sostenible y responsable con mantenimiento de los servicios públicos de nuestro país, sus derechos sociales y su fiscalidad, de la que, por ejemplo, el servicio público de taxi, es contribuyente neto.