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FEDETAXI Y CCOO AMPLÍAN SU DENUNCIA POR DUMPING SOCIAL A CABIFY ANTE LA COMISIÓN EUROPEA, LA AGENCIA TRIBUTARIA Y LAS INSPECCIONES DE TRABAJO Y TRANSPORTES

Mientras estudian si pudieran concurrir elementos penales en el entramado de empresas de la marca.

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Tal y como informamos hace unas semanas, FEDETAXI y CCOO denunciaron el pasado 23 de mayo a la plataforma digital CABIFY ante las autoridades de Empleo y Seguridad Social por presunta práctica de “dumping social”, tras las evasivas del Secretario de Estado de Empleo, don Juan Pablo Riesgo Figuerola-Ferreti, a recibirles en la sede del Ministerio de Empleo y Seguridad social.

FEDETAXI lamenta que ni el posterior desmentido de CABIFY y réplica de Fedetaxi y el sector de carretera de la FSC-CCOO, ni las recientes declaraciones sobre las presuntas irregularidades de este entramado de empresas por parte del Secretario de Sociedad Civil de PODEMOS, Rafael Mayoral, tampoco hayan logrado que, hasta la fecha de hoy, el ministerio que encabeza Fátima Báñez efectúe ningún tipo de declaración o actuación sobre este tema, que se conozca.

Ante el silencio de las autoridades, FEDETAXI y el Sector de Carreteras de la FSC-CCOO han trasladado este 7 de junio los hechos objeto de denuncia ante la Agencia Tributaria, la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, la Inspección Provincial de Trabajo y la Comisión Europea, por las posibles derivaciones que las presuntas actuaciones CABIFY pudieran tener en materia tributaria, administrativa y de competencia.

Asimismo, ambas organizaciones se encuentran valorando con sus departamentos legales si existirían motivos para preparar una denuncia ante la fiscalía especial para los delitos contra los derechos de los trabajadores frente al citado entramado de empresas de CABIFY.

De este modo, Fedetaxi y CCOO vuelven a instar a las autoridades a acometer de inmediato las inspecciones pertinentes para comprobar si las personas físicas que conducen los vehículos y que, bajo la marca Cabify prestan servicio a las empresas que constituyen dicho entramado, se encuentran debidamente encuadrados en el sistema de la Seguridad Social. Asimismo, instan a la investigación de las posibles derivaciones fiscales y de competencia que pudieran tener dichos hechos en caso de ser constatados.

FEDETAXI hace también un llamamiento a conductores y usuarios para que informen sobre las irregularidades que detecten en la operativa del entramado de empresas de CABIFY, con total garantía de anonimato, poniéndose a su disposición tanto en su sede de la calle Santa Engracia como en su teléfono 91.445.32.81. 

Por último, FEDETAXI reitera a las autoridades que junto con la denuncia presentada se han aportado documentos que, a su juicio, prueban como la delegación española de la matriz de CABIFY en Delaware, MAXI MOBILITY SPAIN, SL, suscribe “contratos de transmisión de autorizaciones de transporte para arrendamiento con conductor de la clase VTC” por precio de, al menos,  20.000 euros más IVA cada una. De éstos, CABIFY se reserva un derecho de opción de compra sobre cada una de ellas en caso de que el chófer incumpla el contrato de servicios suscrito con MAXI MOBILITY SPAIN, SL. Una circunstancia que sucede, por ejemplo, si la valoración del conductor desciende de 4,5 estrellas sobre 5 en un periodo de tan solo dos meses.

De este manera, la empresa especularía con el precio de las licencias de transporte y dispondría de su reventa indefinidamente de modo que crea una trama “cuasi piramidal” con sus chóferes, para que queden cautivos del entramado.

Además, inciden en que es la propia plataforma digital quien reconoció en su comunicado que “CABIFY ha actuado como agente facilitador de compraventa de licencias entre terceros interesados en acceder al sector y otros interesados en desinvertir”.

Unas actuaciones para las que no cuenta con autorización alguna dado que están tajantemente prohibidas por la normativa española, y, en cualquier caso, incurren en una absoluta hipocresía cuando precisamente se viene acusando a los taxistas de especular con sus licencias tanto por parte de las empresas de la falsa economía colaborativa como por quien se ha revelado como su “ariete”, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.