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FEDETAXI SE REÚNE CON EL PSOE ANTE LA IRRUPCIÓN DESLEAL E ILEGAL DE REDES CoMO UBER Y EL ACOSO POR PARTE DE LA CNCM

Los representantes de FEDETAXI entregan a Pilar Serrano un informe donde se define la posición de los taxistas ante la irrupción de sujetos que no respetan la normativa vigente.

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El presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal, y el asesor jurídico de la entidad han asistido este martes 15 de marzo a una reunión con la portavoz de Consumo del Grupo parlamentario socialista, Pilar Serrano, celebrada en el Congreso de los Diputados como continuación de la línea de trabajo abierta con ocasión de la movilización celebrada en Madrid el pasado día 18 de febrero de este año.

En dicha reunión, se expusieron por parte de Fedetaxi aquellos aspectos del servicio público de taxi más relacionados con los derechos de los usuarios, haciendo entrega de un informe a la diputada en el que se define la posición de los taxistas españoles ante la irrupción desleal e ilegal de determinadas redes de transporte como Uber que no respetan la normativa sobre derechos de los consumidores y que traen un modelo de servicio que pone en grave riesgo su aplicación eficaz en nuestro país.

La señora Serrano coincidió con Fedetaxi en la necesidad de sostener un servicio público para el transporte de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas que respete y garantice, en cualquier modalidad, los derechos de los usuarios y la plena accesibilidad al mismo sin distinción de lugar de residencia. Igualmente se mostró defensora de un sistema tarifario que proteja al consumidor ante cualquier abuso de aquellos operadores que puedan utilizar una posición prevalente en el mercado.

También se informó a los representantes de los taxistas españoles que el Grupo socialista está estudiando la presentación de una Proposición no de Ley en el Congreso para reforzar los derechos ante estas multinacionales. En este sentido, Fedetaxi ha ofrecido toda su colaboración en este asunto y recordado al PSOE su compromiso de apoyo al servicio público de taxi ante la campaña de acoso que está llevando a cabo la CNMC para desregularlo, pretendiéndose arrogar la titularidad del interés general de los ciudadanos, cuando éste está representado en el Congreso de los Diputados como la sede de la soberanía popular.