La organización representativa de los taxistas presenta hoy la contestación a las demandas del regulador y las plataformas que persiguen la anulación del Real Decreto sobre VTC que aprobó Fomento en el 2015
Madrid, 28 de septiembre de 2017.- Los servicios jurídicos de FEDETAXI según instrucciones recibidas de la Comisión de Gobierno han presentado hoy ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo un escrito en el que se oponen a las demandas formuladas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), UBER BV, CABIFY y UNAUTO contra el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre que modificó el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC), para, entre otras cosas, limitar la concesión de nuevas VTC por las comunidades autónomas, si en sus ámbitos territoriales observan un desequilibrio entre taxis y VTC por existir una proporción entre ambos vehículos superior a 1 VTC por cada 30 taxis.
La CNMC y las plataformas digitales persiguen de este modo que el Tribunal Supremo anule la regulación de la actividad de las VTC y por tanto liberalizar la prestación de los servicios de VTC, lo que provocaría la liberalización de los de taxi por la vía indirecta de abrir una vía de competencia libre a un mercado regulado como el del servicio público de taxi.
CNMC, UBER y CABIFY alegan para atacar la normativa del Gobierno de España que incumple la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, promovida en el año 2013 por Luis De Guindos, ministro de Economía, y que ya ha sufrido un fuerte varapalo por el Tribunal Constitucional (el pasado mes de julio) anulando su regla de la “licencia única” que impedía a las CC.AA. regular en sus territorios determinadas actividades económicas.
FEDETAXI, por el contrario, en defensa de los casi 70.000 españoles argumenta ante el Tribunal Supremo que los servicios de alquiler con conductor y taxis deben seguir regulados básicamente en beneficio de los derechos de los usuarios de los servicios públicos, del medioambiente y entorno urbano y la seguridad pública.
El incremento de un 857% en las sanciones a empresas como Uber o Cabify en materia de transportes, la prohibición de la actividad de Uberpop por varios juzgados españoles, así como la reciente retirada de la licencia a UBER para operar en Londres o las multas impuestas por infracciones laborales, son una buena muestra de algunas de las razones por las que estos servicios no pueden prestarse de espaldas al control de las administraciones locales, autonómicas y estatal. La reducción de la congestión en las grandes urbes y el caos relacionado a la proliferación indiscriminada de VTCs también sugieren que mantener la normativa que aprobó el Ministerio de Fomento es la mejor opción para la ciudadanía.
Precisamente son el Ministerio de Fomento y las Comunidades Autónomas de Madrid y Cataluña, junto con los taxistas, quienes se enfrentan a los intereses de los lobbies y multinacionales en este “macro juicio”, que inició la CNMC hace más de un año, en lo que viene siendo ya un nuevo episodio de la guerra de Marín Quemada y Luis De Guindos para imponer la “uberización” de la economía española.
El presidente de FEDETAXI, Miguel Ángel Leal, advirtió a la CNMC, que “pese a la persecución existente, los taxistas no van a cejar en apelar a Ayuntamientos, CC.AA. y Ministerio de Fomento para que se regule más y mejor en beneficio de la sociedad, los usuarios, el medioambiente y la mejora de la movilidad en las ciudades”.