La medida no tiene coste económico para la administración, fomenta la transparencia del mercado y otorga garantías a los usuarios.
En FEDETAXI, como representantes de los titulares de licencias de taxi de España, al igual que el resto de profesionales del taxi de la Unión Europea, tenemos una profunda preocupación por el incremento del intrusismo y la piratería en el transporte público de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas.
Este fenómeno está en absoluto descontrol por parte de nuestras administraciones competentes (local, autonómica y estatal), cuyos cuerpos de inspección han reiterado en múltiples ocasiones la falta de medios e instrumentos legales para atajar estas malas prácticas y el peligro a la seguridad vial que suponen, atentan contra la leal competencia en el mercado, crean economía sumergida, fraude social y causan un notorio perjuicio a los usuarios del servicios público de transporte de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas, bien en auto-taxis (VT) como en vehículos de alquiler con conductor (VTC).
La aparición de plataformas digitales de intermediación en este sector, en unos casos como redes ilegales de transporte bajo la falsa apariencia de economía colaborativa, como es el caso de Uber, y en otros como meros infractores de la legislación de transportes (Bla Bla Car, Cabify, etc.), ha contribuido a la generación de un “efecto llamada al intrusismo” en este sector de la actividad económica que se refleja en la aparición de muchos vehículos “piratas” que provocan graves perjuicios tanto a los taxistas y profesionales cumplidores de la normativa como a los usuarios del servicio y a la sociedad en su conjunto dado el citado fraude fiscal y social, además de un impacto negativo en la imagen de nuestro país, gran receptor de turismo.
Los distintivos y taxímetros que incorporan los taxis (franjas, capillas, etc.) despejan cualquier cuestión sobre el tipo de vehículo que se trata. Se encuentran todos debidamente registrados y controlados par las autoridades, pero no así los vehículos de alquiler con conductor y mucho menos aquellos que efectúan esta actividad de manera fraudulenta.
Ante este escenario, FEDETAXI presenta y promueve una medida que supone un elemento disuasorio para quienes están practicando este intrusismo y un elemento de control para quienes tienen la obligación legal de controlarlo (policías y cuerpos de inspección de transportes, consumo etc.), favoreciendo la detección de estos vehículos allí donde más difícil resulta a estos agentes como son las vías urbanas e interurbanas. Asimismo, promueve la seguridad a los usuarios de que están contratando con una empresa autorizada legalmente para prestar esta actividad.
Esta medida consiste en dotar de un color específico (AZUL) para el fondo de las placas de matrícula que lleven instaladas todos los vehículos que no sean taxis con distintivo municipal y se dediquen a la actividad del transporte público de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas (taxis sin distintivo y vehículos de alquiler con conductor – VTC). Otros países de nuestro entorno europeo como Holanda, ya han adoptado con éxito esta medida.
El instrumento normativo necesario para introducir esta medida en España es gubernativo, toda vez que no precisa de ningún cambio legal, ni mucho menos depende de legislación comunitaria, de modo que se planteará al nuevo ejecutivo en cuanto esté formado. La reforma consiste en una modificación por Orden Ministerial del anexo XVIII del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre por el que se aprueba Reglamento General de Vehículos, dedicado a las placas de matrículas, que cuenta con numerosos precedentes y cuya última reforma se produjo en el 2010, incorporando precisamente una medida similar al establecer placas amarillas para los vehículos ciclomotores.0
La adopción de esta medida no supondrá un coste presupuestario para las administraciones públicas competentes, toda vez que el gasto que supone el cambio de palcas recaería exclusivamente sobre los titulares de los vehículos.
Como profesionales del taxi en Europa consideramos que la medida además sirve para garantizar el marco regulatorio que es necesario para el desarrollo de nuestra actividad ante la aparición de numerosas plataformas de internet que ofrecen este tipo de servicios sin que el usuario pueda asegurarse, en casos, de si lo prestan profesionales o “piratas”.