Frente a plataformas ilegales como UBER y se comprometen a realizar un análisis al respecto.
Las organizaciones nacionales de taxistas (CTE, FEDETAXI y UNALT) comparecieron este miércoles, 28 de enero, ante el Consejo de Consumidores y Usuarios de España (CCU) para exponer el punto de vista del sector del taxi sobre las aplicaciones para smartphones de transporte que operan ilícitamente amparándose en el concepto de consumo colaborativo, pervirtiéndolo para realizar una actividad ilegal. Es decir, el mal denominado “transporte colaborativo”, que es totalmente falso en esos términos y cuyo caso paradigmático es UBER.
En dicha comparecencia, que se desarrolló en la sede del CCU, los representantes del sector pudimos comprobar que algunas de las asociaciones de consumidores fueron receptivas al punto de vista del gremio de los taxistas, comprometiéndose a realizar un análisis de lo expuesto por los comparecientes. Un compromiso que, confiamos, refuerce el papel de los ciudadanos y la sociedad civil frente a actividades ilegales como las practicadas por UBER y otras plataformas similares, que entendemos actúan en perjuicio de los consumidores. Asimismo, se efectuaron varias peticiones finales al citado consejo, que analizará y tomará en consideración, elevándolas al Pleno de dicha entidad que convenientemente dará respuesta a los representantes del sector del taxi en próximos días.
El Consejo de Consumidores y Usuarios se configura como un órgano de representación y consulta a escala nacional previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. A través de las organizaciones de consumidores más representativas, defiende los intereses de éstos e incide en la toma de decisiones que se adopten por los poderes públicos en relación con la política de consumo.
Este tipo de encuentros son de gran interés para el sector del taxi, máxime en la actual situación en la que hemos denunciado los movimientos del “lobby” de UBER que solo han podido ser atajados por la Justicia a instancias del propio gremio. Frente a la actuación de los jueces, comprobamos la tolerancia y pasividad tanto del Ministerio de Fomento como del Gobierno de España en la lucha contra ésta y otras plataformas ilegales de falso transporte colaborativo que pretenden que se cambien las normas vigentes para que se les permita llevar a cabo su actividad ilegal.