La Comunidad de Madrid ha realizado, entre el 1 de enero y el 31 de mayo, un total de 6.365 inspecciones a vehículos para transporte de viajeros de hasta 9 plazas.
Estas inspecciones arrojan un saldo de 1.455 vehículos denunciados. La región ha registrado un incremento de un 793 por ciento en el número de sanciones con respecto al mismo periodo de 2016. El año pasado se habían denunciado en los mismos meses 163 vehículos, una cifra sensiblemente inferior a la alcanzada entre enero y mayo pasados.
En cuanto a los expedientes incoados a vehículos de hasta 9 plazas, desde primeros de año hasta la actualidad se han iniciado un total de 862 expedientes sancionadores. El esfuerzo realizado por la Comunidad de Madrid en el correcto cumplimiento de la normativa vigente ha supuesto un incremento de casi un 200 por ciento en el número de inspecciones realizadas con respecto al mismo período de 2016, en el que se controlaron 2.147 vehículos.
La principal causa de las denuncias está relacionada con la carencia y falta de datos en las hojas de ruta, además de la captación de viajeros realizada sin que, de manera previa, haya sido contratado el servicio.
El incumplimiento de la normativa vigente acarrea una sanción cuya cuantía oscila entre los 100 y los 400 euros para las sanciones leves, entre 401 y 1.000 euros las sanciones graves y entre 1.001 y 6.000 euros las infracciones muy graves. A ellas hay que añadir la inmovilización inmediata del vehículo en caso de no disponer de la pertinente autorización.
El objetivo de estas inspecciones es, en primer lugar, velar por la seguridad de los vehículos que prestan servicio de transporte y luchar contra el intrusismo y la competencia desleal en el sector del taxi y en los vehículos VTC.