Miguel Ángel Leal considera esencial la labor de vigilancia y sanción de las autoridades para luchar contra el intrusismo en el sector del transporte.
Miguel Ángel Leal, presidente de la Asociación Gremial de Auto-Taxi de Madrid, ha querido mostrar su apoyo a la Comunidad de Madrid para que continúe con la vigilancia y control del intrusismo en el sector del transporte público de Madrid, considerando que, la labor de las autoridades para conseguir que se respete la ley, es esencial para la protección de los derechos de los trabajadores que ejercen su profesión de manera legal y segura.
Para Leal, el correcto funcionamiento del servicio público de transportes en Madrid pasa porque se haga respetar la normativa actual al respecto y eso conlleva “la imposición de sanciones a quienes no la respetan o se escudan bajo una falsa economía colaborativa”, asegura.
La vigilancia, detección y sanción de los vehículos ilegales en Madrid ha sido el caballo de batalla de la Asociación Gremial de Auto-Taxi desde hace años. La Comunidad de Madrid es consciente de esta problemática que no solo afecta a los profesionales del sector sino también a la protección de la seguridad de los usuarios. Por ello, desde enero de 2016 y cumpliendo con su compromiso electoral, la presidenta regional Cristina Cifuentes ha intensificado las inspecciones a estos vehículos y ordenado la inmovilización de todos los que estaban ejerciendo la actividad de transporte de viajeros sin la autorización pertinente, haciendo cumplir, entre otros, los artículos 140.2 y 141.7 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) que recogen la necesidad de contar con la pertinente autorización para prestar servicios como operador de transporte.
Una medida a la que ahora se une que, para conseguir una mejor identificación del transporte legal en Madrid, los vehículos de transporte con conductor (VTCs) deberán ir identificados con dos distintivos a partir de enero de 2017 tal y como se aprobó en un decreto este 18 de octubre. Dicho decreto hará que, tanto usuarios como autoridades, puedan identificar mejor a los vehículos legales. La ausencia de estas pegatinas conllevará sanciones de hasta 4.000 euros y la inmovilización del turismo.
No obstante, Leal Casado insta al Gobierno regional a seguir trabajando en esta línea y continuar, para atajar el intrusismo, a continuar vigilando también las zonas de paradas clandestinas donde los conductores de estos vehículos ilegales suelen ‘captar’ o recoger a sus clientes muchos de ellos escudados detrás de una falsa economía colaborativa.