La multinacional practica la elusión fiscal y mantiene chóferes trabajando hasta 270 horas al mes.
Madrid, 6 de julio de 2017.- A la vista de su publicidad, la multinacional de falsa economía colaborativa Uber ha lanzado una promoción en Madrid por la que, durante unos días, los trayectos que se realicen al aeropuerto de Adolfo Suárez-Barajas tendrán un precio de 15 euros. Esto es una agresiva oferta que supone una venta a pérdidas por parte de la multinacional con el único objeto de romper el mercado y arruinar a los taxistas.
FEDETAXI, como organización representativa de los taxistas de España, denuncia que ese modelo se sostiene en el “dumping” e infringe la legislación en materia de transporte y de competencia, como así han denunciado en numerosas ocasiones y en próximas fechas participarán nueva denuncia sobre esta concreta campaña a las autoridades competentes.
Desde la organización de taxistas se alerta al usuario y ciudadano para que reflexione sobre qué se oculta bajo esa oferta y el daño a la economía de Madrid y España que promueve esta multinacional con su modelo extractivo. Descontando de esos 15 euros el 21% de IVA y, de ahí el 25% que UBER comisiona al chófer que realiza el servicio, el trayecto, -habitualmente de más de media hora y sin contar posibles retornos en vacío-, se efectuaría realmente por 9,29 € en los que se encontrarían comprendidos los gastos de combustible, seguros, amortización del vehículo, etc.
El presidente de FEDETAXI, Miguel Ángel Leal, aclaró que “es evidente que con esa cantidad no se cubren los costes del vehículo y mano de obra. Alguien pone el dinero, y ese alguien solo tiene la intención de destruir un mercado para apoderarse de él y gestionarlo en oligopolio, sustituyendo el actual servicio público por un servicio privado, en perjuicio de todos los ciudadanos y contribuyentes”.
UBER lleva tiempo mostrando su verdadero rostro a sus proveedores, un entramado de empresas interpuestas entre la multinacional y los chóferes de sus vehículos para evitar que éstos se sindiquen o reclamen derechos laborales frente a la plataforma, como ya han hecho en California, Londres o Nueva York- situándoles en pérdidas si no acompañan esas ofertas de subvenciones que compensen trabajar a esos precios que oferta la plataforma. En otras palabras, los servicios a 15 euros de Madrid ni serían rentables ni deseables para los titulares de los vehículos VTC con los que se presta el trabajo a UBER, por lo que ésta habrá de poner dinero para que su flota de proveedores no abandone la aplicación informática.
La realidad es que la multinacional está fracasando estrepitosamente en Madrid y se encuentra lanzada a una carrera sin freno por ganar cuota de mercado y que sus proveedores continúen prestando servicio con sus coches para lo que no dudaría en realizar ventas a pérdidas y subvencionar en lo necesario a sus proveedores para que no la dejen sin servicio y caiga la demanda de su aplicación. Todo ello no tendría mayor trascendencia si no fuera porque tras ese modelo se oculta tanto el objetivo de la destrucción del actual servicio público de taxi en Madrid y la ruina de sus trabajadores autónomos para reconvertirlo en un servicio privado gestionado por plataformas digitales, donde sus chóferes trabajan hasta 270 horas al mes por salarios de 940 € (3,48 € la hora), y además el 25% de la facturación de las carreras realizadas en Madrid viaje por pasarela Pay pal directamente a Uber BV, la filial de la multinacional en Holanda, desde donde se desvía a diversos paraísos fiscales, según ya han denunciado varios medios de comunicación.
Para el presidente de Fedetaxi “el viaje en un coche de UBER es un viaje a Panamá y a la mísera degradación de las condiciones de trabajo de los ciudadanos, que acabaremos pagando muy caro todos”.
UBER ya fue prohibida en su funcionamiento en diciembre de 2014 por un Juzgado de Mercantil de Madrid en un proceso por competencia desleal con el servicio de taxis, y se enfrenta a numerosos procesos judiciales en varios países de la Unión Europea, así como a un proceso frente al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en el que ha sido declarada empresa de transporte por el abogado general de la UE.