Artículo de Miguel Ángel Leal. Presidente de FEDETAXI
El Tribunal Supremo ha cumplido los peores pronósticos y ha dado vía libre a las VTC para que inunden el mercado del transporte, llevándolo a un inevitable colapso si las diferentes administraciones públicas que regulan el sector no actúan de forma rápida, coordinada y eficaz.
En la situación actual ya se ven casos de exceso de oferta por el descontrol que imperó en el pasado a la hora de otorgar permisos indiscriminadamente a las VTC, de la ratio 1/30 que la Ley estipulaba hemos pasado a una proporción mucho más descompensada de 1/7, es decir, hay seis veces más VTC circulando por las calles de las que debería haber. Si el sistema ya daba síntomas de saturación ahora debemos sumarles miles de nuevos coches negros circulando por nuestras calles, exacerbando la oferta ante una demanda que aún no recupera los niveles pre-crisis.
¿A qué conduce esto? A un colapso del sistema de transporte que solo beneficiará a un reducido grupo de empresas multinacionales que pagan sus impuestos en otros países para evitar pagar lo justo aquí en España, eludiendo su responsabilidad con la sociedad en la cual generan sus ganancias. También conduce a la normalización de situaciones como la precariedad laboral, a la que nosotros hemos llamado “Uberización”, que es típica de estas empresas y que a raíz del exceso de oferta podría reproducirse entre los taxistas.
Unas de las principales funciones de una administración es velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, por la armonía y el equilibro entre todos factores que participan en la prestación de esos servicios y por la protección de la seguridad y los derechos de prestadores y usuarios. Es lamentable ver como en España no ha primado esta función, que no es otra que velar por el interés general, sino la torpeza a la hora de ejercer sus atribuciones y, peor aún, en muchos casos también, el deseo de favorecer a ciertas empresas “amigas” en detrimento del sector del taxi en particular y de todos los ciudadanos en general.
Las administraciones públicas con competencias para regular el sector, en todos los niveles, han creado este caos, y deben ser ellas quienes lo arreglen. Están obligadas a dar a nuestro sector una solución inmediata, suficiente y estable en el tiempo. Esperemos que esta vez sí cumplan con su deber. Si no lo hacen, lo taxistas nos veremos forzados a aumentar la presión en las calles para que se respeten nuestros derechos y los de todos los españoles.