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El Gobierno ha enviado a Bruselas una batería de todos los cambios estructurales que quieren llevar a cabo en los próximos años. Entre ellos se encuentran la reforma laboral o la del sistema de pensiones (con el aumento de los periodos de cotización, la creación de un fondo público privado o la introducción del coeficiente corrector de 2013). Pero la gran novedad para los autónomos será la pretendida cotización por ingresos reales al que el Ejecutivo ya ha puesto fecha. El Gobierno espera que para 2022 el “grueso” del colectivo de autónomos esté ya adscrito a este nuevo sistema.

Este es el margen temporal que anunció el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante la rueda de prensa convocada este martes para anunciar la extensión de los ERTE y la prestación por cese de actividad hasta el próximo 31 de mayo. En este sentido, Escrivá aseguró que están trabajando en “la transición hacia un modelo para que los autónomos coticen por ingresos reales” y que su “aspiración es que ya en 2022 este marco esté operativo”.

Sin embargo, el ministro reconoció “que el sistema no se aplique a todos los autónomos. Dentro del colectivo hay distintas categorías y no siempre se produce un engarce completo entre la dimensión fiscal y las cotizaciones a la Seguridad Social”. Esto es algo que ya advirtió la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) cuando dijo que la creación de un sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos no sería equitativo para todos e, incluso, podría llegar a generar desigualdades porque no es posible aplicarla a todos los afilados al RETA.

Dejaría fuera a la mitad de los autónomos

El pasado mes de octubre, el Gobierno se reunió con las organizaciones de autónomos para presentarles un primer modelo del sistema de cotización por ingresos reales. Para ATA la propuesta dejaría fuera a la mitad de los trabajadores por cuenta propia y subiría la cuota a 700.000 autónomos, ya que se trata de un sistema que sólo se podría aplicar a aquellos autónomos que tributan en estimación directa y, además, a aquellos que se pueda conocer sus rendimientos netos. Estos suman 1,5 millones, algo menos de la mitad de los 3,2 millones que están afiliados al RETA.

El resto de los autónomos quedarían fuera según ATA, como por ejemplo, “el millón de autónomos que pagan en estos momentos el Impuesto de Sociedades; también los 200.000 que son familiares colaboradores o los 350.000 que están cotizando por módulos. A éstos se les aplicaría el rendimiento neto que marcase Hacienda anualmente” apuntaba el presidente de ATA, Lorenzo Amor. Que también decía que quedarían fuera del sistema presentado los 200.000 autónomos agricultores que cotizan en el SETA y que están en módulos agrarios.

Desde Moncloa parece que son conscientes de las dificultades para implantar un sistema de cotización por ingresos reales. Sin embargo Escrivá insistió en la necesidad de implementar esta fórmula aunque fuera de forma “progresiva» y reiteró que «nuestra intención es que en 2020 el grueso de los autónomos coticen por este sistema”. En ese sentido, dijo que están estudiando la creación de “un esquema progresivo en el tiempo -de inclusión de autónomos al nuevo modelo – para evitar cualquier tipo de desajuste y que no se produzca ningún tipo de gestión administrativa para nadie”.

Los cuatro grandes planes del Gobierno para las pensiones
Para el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá, todas las propuestas enviadas a Bruselas siguen “las distintas recomendaciones del Pacto de Toledo. Además, todas ellas confluyen en una misma dirección: mejorar la contributividad y analizar las trayectorias laborales de distintos tipos de colectivos, ya que hay personas que han tenido lagunas, o periodos de cotización muy largos o cortos, y hay que ver cómo se pueden paliar los problemas de equidad que este tipo de situaciones genera”.

Todo ello con el objetivo de que “el sistema de pensiones mantenga su nivel de suficiencia, pero al mismo tiempo pueda ser más equitativo y sostenible” apuntó el ministro. Que aseguró que todas las propuestas enviadas a la Comisión Europea van dirigidas a cumplir esa meta, para la que también cuentan con la opinión de los agentes sociales.

La reforma de sistema de pensiones en la que trabaja ahora mismo el Ministerio y que se ha enviado a Bruselas aún no se ha hecho pública. De hecho, esta sólo ha sido consultada a los agentes sociales. “No se ha pasado ningún documento, ni ningún borrador sobre la reforma del sistema de pensiones” dijo Joseba Angula, asesor económico de la Unión de Jubilados y Pensiones del sindicato UGT (UGT-UJP). Que aseguró que es precisamente esta falta de información lo que provocó que tanto UGT, como CCOO convocasen movilizaciones para el próximo 11 de febrero.

Sin embargo, y pese a no conocer en detalle la propuesta presentada, Angula aseguró que El Gobierno está pensando en múltiples opciones y lanzando algunas ideas para ver cómo sientan entre los distintos interlocutores. Algunas de ellas son:

1.- Un aumento de los periodos de cotización
El Gobierno quiere ampliar los años del periodo de cotización que se toma como referencia para el cálculo de las pensiones. En concreto, se barajaba la posibilidad de que el Ejecutivo lo ampliase hasta los 35 años, algo que Escrivá desmintió este martes: “nunca me habrán oído a mi hablar de 35 años”. Pese a ello sí que reconoció que se está planteando modificar ese cómputo: “no hemos terminado aún de realizar los cálculos de cómo afectaría a la pensión y cuando lo hagamos lo compartiremos con los agentes sociales. Eso es lo que hemos trasladado a Bruselas”.

En este sentido, el asesor económico de UGT-UJP dijo que son múltiples las opciones que el Ministerio puede proponer: “pueden incrementar el cálculo de la pensión de 25 a 35 años; de 25 a 30 años; o subirlo a 30 y que la gente pueda escoger los 10 o 15 mejores años”.

2- Se recuperará el coeficiente de Rajoy “con correcciones”
Según Angula, Escrivá podría estar planteándose recuperar parte de la reforma que lanzó el PP en el año 2013. El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, y que incluye un coeficiente a través del cual para el cálculo de la pensión se tiene en cuenta la esperanza de vida. Es lo que se denominó como factor de sostenibilidad y lo que se buscaba era reducir la pensión, en base a la esperanza de vida.

Según recoge desde el blog Jubilación De Futuro, de BBVA, “a los factores que se utilizan para el cálculo de la cuantía de la pensión inicial de jubilación (edad, años cotizados, suma de las bases de cotización, etc.) se sumará un nuevo coeficiente que enlaza la cuantía resultante con la esperanza de vida del pensionista en el momento de cumplir 67 años. Es decir, si mejora nuestra esperanza de vida a los 67 años provocará una disminución de nuestra pensión en el momento de la jubilación. Dicho factor se aplicará en el momento en que sea efectiva la contingencia de jubilación analizando periodos de cinco años en función de la esperanza de vida de cada lustro”.

Se trata de una cuestión que en estos momentos podría estar planteándose el Gobierno, “aunque eso sí, aplicaría una serie de correcciones al coeficiente que aún no se conoce” apuntó Angula.

3.- Fondo público privado de pensiones
Otro de los planes que incluye la reforma de pensiones es la creación de un fondo público, que serviría para mejorar la cobertura de las pensiones en España. De hecho, este es uno de los tres objetivos que persigue el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para 2021 y que ya anunció José Luis Escrivá el pasado mes de noviembre durante la presentación del Plan Presupuestario del Ministerio. Este da respuesta a la recomendación número 16 del Pacto de Toledo.

Este fondo estaría gestionado, según comentó en su día el ministro, por una o varias entidades privadas y sería como un complemento a la prestación por jubilación que ofrece la Seguridad Social ya que permitiría a todos los trabajadores, incluidos muy especialmente los autónomos, tener un plan de pensiones respaldado y con garantía del Estado.

4.- Incremento de las pensiones según la media del IPC
En cuanto a las últimas declaraciones del ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, en la entrevista publicada el pasado domingo en El Periódico y en las que asegura que no se tendrá en cuenta el Índice de Precios de Consumo (IPC) negativo para reducir las pensiones, Angula señaló que “seguramente lo que se hará es una medida del incremento medio a niveles históricos de este Índice, que será lo que finalmente se aplique a la subida de pensiones».

Por último, el este experto en economía y pensiones aseguró que “estamos ante un momento de espera y de incertidumbre. Y hay que tener cuidado porque antes de tomar cualquier medida dura, se plantean muchas otras – lo que se conocen como globos sonda- hasta escoger aquella que se incluya en el borrador y que se discuta”.

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