Los taxistas consideran que las plataformas digitales deben asumir costes laborales y de seguridad social de los conductores que prestan servicios para estas compañías.
También promoverán cambios legislativos como los actualmente en trámite en California.
Madrid, 30 de septiembre de 2019.
El presidente de la Asociación Gremial del Taxi de Madrid y de la Federación Española del Taxi (FEDETAXI), anunció ayer en el Programa Fin de Semana de COPE, con Cristina López Schlichting la presentación de una batería de demandas judiciales frente a decenas de empresas de VTC así como ante las plataformas digitales que dan cobertura a sus servicios como Uber y Cabify en relación a la responsabilidad laboral y social de estas últimas respecto a los conductores que las primeras ponen a disposición de las segundas, y que son operados y dirigidos desde las aplicaciones para smartphones.
Este aspecto ya viene siendo profundamente trabajado por FEDETAXI, quien ya planteó a los partidos políticos en marzo de 2018 una propuesta de enmienda en la tramitación de la Reforma urgente de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo para modificar el art. 1.3.g) del Estatuto de los Trabajadores y devolver al principio de realidad, y por tanto considerar falsos autónomos, a aquellos autónomos titulares de VTC controlados por las plataformas digitales, que fue finalmente presentada y defendida en el Congreso de los Diputados por el Partido Socialista, entonces en la oposición, y Unidas Podemos.
Además, en ese sentido y junto con el sindicato Comisiones Obreras, FEDETAXI presentó en 2016 una denuncia en la Inspección de Trabajo, en denuncia de la existencia de falsos autónomos y condiciones precarias en (la entonces[EDdV1] ) aún denominada eufemísticamente economía colaborativa.
Ahora las acciones judiciales que se formularán a través de los servicios jurídicos de la Asociación Gremial del Taxi de Madrid y FEDETAXI tendrán como escenario la jurisdicción social y van encaminadas a poner de manifiesto la verdadera naturaleza de la relación que une a los conductores de las empresas de VTC con las plataformas digitales para las que prestan servicios, que consideramos amparadas en la figura de la cesión ilegal de trabajadores, que se prohíbe por el vigente artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores.
La finalidad que persigue este artículo es que la relación laboral real coincida con la formal, evitando la degradación de las condiciones de trabajo o la disminución de las garantías sociales, incluso sin que sean necesariamente fraudulentas o tengan que perseguir un perjuicio de los derechos de los trabajadores, pudiendo producirse entre empresas reales y de ahí la opción del estudio por los tribunales de la existencia o no de esta figura como artificio de las plataformas para enmascarar una ingeniería que queda fuera de los cauces normales de downsizing y de descentralización productiva.
Las actuaciones judiciales y las denuncias ante las inspecciones y organismos públicos se irán produciendo de manera continua durante los próximos meses, y, si es posible, en coordinación o cooperación con aquellos sindicatos que se quieran sumar a esta iniciativa.
Según Leal “no nos encontramos ante una subcontratación o colaboración legal entre empresas, sino ante una verdadera cesión ilegal de trabajadores en favor de las plataformas digitales”
Ya en diciembre de 2017 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, analizando en modelo de trabajo de Uber, declaró que esta plataforma no es otra cosa que una empresa de transportes que organiza dichos servicios para sus clientes o usuarios finales. No obstante, las plataformas se amparan en fórmulas de outsourcing y subcontratación para eludir sus responsabilidades laborales con la red de miles de conductores que prestan sus servicios directos para ellas.
El Estado de California, está actualmente tramitando una modificación legal para acabar con los falsos autónomos que utilizan allí, la conocida como AB5, que también incide en este sentido, y son conocidos los casos de declaración de vinculación laboral de los trabajadores con estas plataformas en el Reino Unido y el Estado de Nueva York, donde se han pagado millones de dólares para evitar que el asunto llegase a los tribunales supremos. Casi tantos como los 900 que Uber a anunciando que gastará en lobby para que no prospere la AM5.
En consecuencia, Leal destaca que “desde la Asociación Gremial del Taxi de Madrid y FEDETAXI entendemos que existen formulas y cobertura legal suficiente en España para declarar que los trabajadores de muchas empresas de VTC están cedidos ilegalmente a las plataformas Uber y procederemos judicialmente para perseguir dicha declaración, sin que ello nos frene en nuestra reivindicación de que se avance en aclarar el marco legal español y de la Unión Europea para que la regla sea la relación directa entre ambas partes y no tengan que ser los conductores quienes se enfrenten a largos y complejos procesos judiciales para lograr que prime el principio de realidad”