El Decreto-Ley aprobado en septiembre otorgaba un plazo máximo de seis meses al Gobierno que acaban de cumplirse, por lo que los taxistas piden su presentación inmediata en cuanto se constituyan las nuevas Cortes
Madrid, 8 de mayo de 2019.- La organización representativa de los taxistas de España, FEDETAXI, ha enviado un requerimiento al Ministerio de Fomento, que dirige José Luis Ábalos, para que informe del estado de tramitación del anteproyecto de ley sobre modificación del régimen de infracciones y sanciones contenido en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), relativo a los vehículos de arrendamiento con conductor VTC, que utilizan para la prestación de servicios las plataformas digitales Uber y Cabify.
El Gobierno quedaba obligado mediante el Real Decreto-Ley 13/2018, de 28 de septiembre, a presentar a las Cortes Generales en el plazo máximo de seis meses dicho proyecto de ley. Esa reforma deberá adecuar el régimen sancionador a las condiciones de prestación de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor establecidas en el Decreto-ley. Asimismo, podrá incrementar las sanciones previstas cuando tales servicios se presten en un ámbito territorial distinto al que corresponda o incumpliendo las limitaciones relativas a la prestación habitual del servicio en el territorio donde esté domiciliada la autorización, a la comunicación por vía electrónica de los datos relativos al registro de los servicios o a la recogida de clientes que no hayan contratado previamente el servicio.
A consecuencia de las recientes limitaciones efectuadas a la explotación de los servicios de VTC en comunidades como Cataluña, Aragón o Baleares, plataformas como Uber han suprimido sus servicios en dichas áreas y trasladado parte de su flota a comunidades como Madrid o Andalucía que no han aplicado dichas limitaciones. Por ello, tal y como ha señalado Miguel Ángel Leal, presidente de FEDETAXI “el número de infracciones se está disparando en ciudades como Madrid, Sevilla o Málaga, y ante la ausencia de la esperada Ley, las policías municipales y los servicios de inspección de las CC.AA. se ven dificultadas de realizar sus labores, generándose una nueva ley de la selva de la que venimos avisando desde hace meses”.
FEDETAXI propuso en octubre al Gobierno la solicitud de reducción del número mínimo de infracciones para la revocación de la autorización a las VTC llevándolas a tres o más en lugar de las cinco que se contemplan actualmente, y un compromiso presupuestario de las comunidades autónomas para intensificar las inspecciones a los servicios que ofrecen las VTC, que hasta ahora no han tenido respuesta.
El borrador de anteproyecto de modificación de la LOTT en materia de infracciones relativas a este tipo de vehículos que preparó Fomento y cuyo estado de tramitación se desconoce, recalificaba algunas infracciones que pasan de ser consideradas graves a muy graves. De este modo, eleva la cuantía de la multa asociada de 600 a 800 euros a 1.000-2.000 euros en casos como cuando los VTC inicien un servicio fuera de su comunidad o incumplan las limitaciones que definen la prestación habitual del servicio en el territorio en que se encuentre domiciliada la autorización en que se amparan; cuando el vehículo inicie un servicio sin que el titular de la autorización haya comunicado, por vía electrónica, los datos relativos a dicho servicio al Registro Web, -que viene operando desde el pasado 1 de abril pero que no sanciona aún-, y por último, cuando los VTC recojan clientes que no hayan contratado antes el servicio.
“La nueva ley también preveía modificar la LOTT para permitir inmovilizar los VTC si se les identifica superando el tiempo que pueden dar servicio fuera de su comunidad hasta que paguen la sanción, pero todo esto ahora mismo se encuentra en un limbo que perjudica nueva e intensamente al sector del taxi”, aseguró Leal.