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El Gobierno ha enviado a las CCAA los convenios que regulan las ayudas directas para los autónomos. Así podrían abrirse en mayo las convocatorias y ser abonadas entre junio y julio. Pero las exigencias del Real Decreto podrían complicar las cosas.

El Ministerio de Hacienda envió el pasado viernes a las comunidades autónomas el proyecto de convenio, que recoge los detalles de la colaboración entre el Gobierno central y los regionales para la concesión de las ansiadas ayudas directas a autónomos y empresas. Tras firmar este documento, las autonomías deberán enviárselo de vuelta al Ejecutivo, que contará con un plazo de diez días para transferirles la parte de los 7.000 millones de euros que les haya sido asignada para distribuir el dinero entre los negocios afectados por la crisis.

En este proyecto de convenio, las diferentes autonomías podrán, entre otras cosas, solicitar una ampliación de sectores beneficiarios de las ayudas, como ya avanzó este digital siempre y cuando se modifique el Real Decreto, algo que prometió hacer el Gobierno . Una vez enviado este documento al Ejecutivo, en «un plazo máximo de diez días», se transferirán los fondos asignados a los gobiernos regionales. Así pues, si no se demorara la firma y envío del convenio, y si el Ejecutivo cumpliera con los plazos a los que se ha comprometido, es probable que a principios de mayo las comunidades ya dispongan de los fondos para empezar a desplegar las ayudas directas.

El proceso de firma y envío, «de por sí, no es largo. Normalmente, debería durar cuestión de días, pero puede demorarse por desacuerdos en materia de requisitos y fondos asignados», según apuntaron fuentes de Hacienda a este diario. Ahora bien. aún contando con que no se extendiera demasiado el plazo de firma y remisión del documento por posibles alegaciones, y realmente estos fondos llegaran a las CCAA a primeros de mayo, los gobiernos regionales tendrían todavía que abrir las convocatorias, fijar los plazos de solicitud y pagar a cada beneficiario la cuantía que le corresponda, entre los 3.000 y los 200.000 euros fijados por ley. Por lo que, en el mejor de los casos, se empezarían a abonar estas subvenciones entre finales de junio y principios de julio.

Sólo la apertura de convocatorias «implicará un mínimo de una semana más. Hay que tener en cuenta que el Real Decreto 5/2021 es sólo el esqueleto de lo que serán las nuevas ayudas, ya que tenemos potestad para añadir diferentes criterios y cada autonomía tendrá que desarrollar y redactar un decreto para luego llevarlo al consejo de gobierno para su aprobación. Tras aprobarse, se publicará en el boletín autonómico. Todo ello costaría, en el caso de los gobiernos más ágiles, entre una y dos semanas desde el momento en que se reciban los fondos», explicó Susana Romero, Directora general del Trabajo Autónomo y Economía Social de la Junta de Andalucía.

Las CCAA podrían empezar a pagar en junio aunque los criterios del Gobierno podrían demorarlas
Si todo fuera según lo previsto, los autónomos podrían empezar a solicitar las ayudas directas a mediados de mayo. Ahora bien, el desarrollo, redacción y aprobación de la convocatoria de subvenciones sería, posiblemente, la parte menos tediosa de todo el proceso. «Tras abrir la convocatoria, quedará gestionar miles de solicitudes de beneficiarios, y millones de euros en fondos. Por ello, la única manera de hacer que las ayudas sean ágiles y lleguen en tiempo y forma es automatizándolas y para eso deben ser ayudas directas, no finalistas», añadió la Directora de trabajo autónomo de la Junta de Andalucía.

Como ya avanzó este diario, esta ayuda tiene un carácter finalista, y al autónomo se le exige el cumplimiento de un determinado objetivo -satisfacer algunas deudas, en ciertas condiciones-. Concretamente, y según el artículo 1.1 del RD 5/2021, el dinero irá dirigido a» satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos por los autónomos y empresas considerados elegibles.”

Una de las peticiones más importantes que hizo la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos -ATA, en el marco de sus diez propuestas de enmienda para que más autónomos puedan cobrar las subvenciones, es que estas ayudas dejen de estar condicionadas a una determinada finalidad, es decir, que dejen de ser finalistas.

Permitiría automatizar la gestión y pagar antes a los autónomos
Esto no sólo daría más margen a los autónomos para utilizar el dinero en los fines que consideren oportunos, sino que también serviría para que las administraciones autonómicas puedan tramitar más fácilmente las ayudas,» ya que no haría falta presentar recibos, acreditar determinados requisitos previos, pedir todas las facturas, mirar su orden, o comprobar de qué contrato provienen.. Esto no sólo quitaría mucha carga de trabajo a las administraciones autonómicas, sino que además permitiría automatizar la gestión y pago, y ahorrar mucho tiempo desde el momento en que se recibe la solicitud hasta que llega el dinero a la cuenta del autónomo», añadió Susana Romero, directora general de trabajo autónoma de Andalucía.

De hecho, Romero puso el ejemplo de anteriores convocatorias en las que la Junta robotizó este proceso, «gestionó 96.000 solicitudes de ayuda y pagó 96 millones de euros en sólo 35 días. Es cierto que ahora serán 1.100 millones, y por tanto, se podría tardar algo más. Pero la idea es que, cuanto más se simplifiquen los trámites, y menos cosas tengan que acreditar los autónomos, antes llegará el dinero a los negocios».

Así, volviendo al anterior supuesto: si finalmente las autonomías firmaran y enviaran el convenio al Gobierno esta misma semana, antes del día 23 y Hacienda pagara en el plazo de diez días al que se comprometió, las autonomías dispondrían de los fondos a principios de mayo. Poniendo un plazo medio de apertura de convocatorias de dos semanas, y un plazo de gestión y pago de las ayudas de entre un mes y medio y dos meses, las ayudas podrían llegar a los autónomos entre principios y finales del mes de julio.

Algunas autonomías ya estarían solicitando añadir nuevos beneficiarios
Según confirmó recientemente la ministra de Hacienda, el proyecto de convenio que se envió el viernes a las comunidades, les va a dar la oportunidad de establecer como beneficiarios a otros sectores «que se hayan visto particularmente afectados en su ámbito”.

Al parecer, y según pudo saber este diario, algunas autonomías ya estarían negociando ciertas modificaciones del convenio, entre las que se encuentra precisamente la ampliación de la lista de beneficiarios, u otras cuestiones relativas a las cuantías de las ayudas y criterios de elegibilidad. Este proceso, según apuntaron fuentes de Hacienda, podría demorar unos días más la firma del documento y la posterior transferencia del Ejecutivo a los gobiernos regionales.

En todo caso, cabe recordar que el real-decreto ley que regula estas medidas ya establece una serie de indicadores de elegibilidad que permitan garantizar que las empresas que acceden a las ayudas hubieran sido viables antes del Covid-19 y que se hayan visto afectados por la pandemia. No obstante, en la memoria se apunta a que en el caso de la ‘Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas’, las comunidades autónomas «podrán modular estos requisitos».

Por su lado, la ministra de Hacienda insistió también en este sentido y recordó las competencias que podrán tener las comunidades a la hora de decidir qué autónomos pueden o no acceder a las ayudas, y qué cuantía pueden percibir, siempre en el marco de los requisitos fijado por el Gobierno. Vamos a «firmar con cada una de ellas los convenios que nos permitan que se haga una situación similar -de concesión- en el conjunto del territorio. Aunque es bien sabido que las CCAA pueden incorporar una parte de progresividad en esos tramos, o criterios añadidos a los que el Gobierno ha aprobado», dijo Montero.

Si bien es cierto que el decreto del Gobierno precisa ya las cantidades que podrá percibir cada beneficiario, lo hace en todo momento hablando de «mínimos» y «máximos», por lo que es probable que las comunidades, conforme a su asignación de fondos y el número de solicitantes que cumplan los requisitos previstos en la normativa, puedan considerar si otorgar más o menos cantidad a cada beneficiario en función de los recursos de los que dispongan, y siempre dentro de la horquilla y requisitos marcados por el Gobierno central.

Información extraída de Autónomos y emprendedores