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La Agencia Tributaria ha cambiado las reglas del juego, al menos para este año. Las directrices del nuevo plan moverán el foco de la inspección y se centrarán en aquellos «sectores o actividades que hayan sido menos afectados por el entorno económico desfavorable que se deriva del COVID-19 y los efectos de la pandemia o incluso aquellos otros que han visto crecer su negocio precisamente como consecuencia de esta excepcional situación», según recoge el Plan Anual de Control Tributario publicado en el BOE.

En definitiva, la inspección de Hacienda investigará más este año el fraude de los negocios que están generando más beneficios, a pesar de la difícil situación económica que atraviesa España. Y, «resulta evidente que los medios que tiene la Agencia Tributaria dan para hacer un determinado número de inspecciones. Si se intensifica la inspección en unos, se tiene que hacer menos investigaciones en otros», aseguró José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha).

Menos inspecciones en hostelería, comercio o actividades turísticas
Tal y como sucedió en la anterior crisis, la de 2008, los pequeños negocios son los que más dificultades están teniendo para recuperarse mientras que otras actividades, normalmente de gran tamaño, no sólo se han mantenido sino que además han multiplicado sus ingresos. «En estos meses, las grandes empresas tecnológicas y de alimentación han hecho, en muchos casos, mejor caja mientras muchas otras actividades han quedado paralizadas y tardarán todavía en recuperarse del golpe», aseguró el secretario general de Gestha.

Por ello, «hay que poner en valor la decisión de la Agencia Tributaria de levantar el pie de la investigación de aquellos sectores que se han visto más afectados por la crisis de la COVID. Esto afectará especialmente a algunas actividades que tienen una gran cantidad de autónomos, como pueden ser la hostelería, el comercio y los negocios turísticos, como hostales o agencias de viaje. En general, se reducirá la presión a estos negocios», aseguró Mollinedo.

La actual crisis ha tenido durante meses a la mayoría de autónomos sin ingresos. «Pedirle a un pequeño negocio que liquide en estos momentos una deuda tributaria de hace dos años, de 20.000 o 30.000 euros, podría ser la puntilla que le avoque al cierre definitivo», advirtió el secretario general del sindicato.

Por este motivo, se ha decidido que estos pequeños negocios, y especialmente si pertenecen a sectores muy golpeados por las restricciones, se investiguen con «menos profusión que en años anteriores. Si bien es cierto que no hay cambios en lo que veníamos reclamando, de que se investigue más a las empresas más grandes, al menos sí se levanta el foco de las más damnificadas por la crisis», dijo José María Mollinedo.

Artículo extraído de Autónomos y emprendedor.