Miguel Ángel Leal, presidente de FEDETAXI, expone las reivindicaciones del sector a los Directores Generales de las 17 Comunidades Autónomas
La organización representativa de los taxistas de España, FEDETAXI, se reunió este martes en el Ministerio de Fomento con todos los Directores Generales de Transportes de las 17 Comunidades Autónomas. Un encuentro en el que la organización expuso las reivindicaciones del sector para desarrollar el RDL 13/2018 y el resto de medidas en favor del taxi que éste ni siquiera contempló.
En su propuesta para la ordenación eficiente, competitividad y competencia leal en la prestación de los servicios de transporte de viajeros en taxi y vtc, los taxistas han vuelto a reiterar su petición de que se permita al taxi ofrecer las tarifas prefijadas y taxi compartido. «Lo que quiere el ciudadano es saber lo que le va a costar el servicio y es lo que nosotros queremos darle a través de nuestras aplicaciones, pero hasta ahora no nos lo permiten las administraciones», a pesar de que no necesitan esperar a que se desarrolle el proyecto ley para hacerlo, ha lamentado.
El sector espera asistir, a principios de 2019, a una nueva reunión en la que participarán también los representantes de VTC, la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) y probablemente los principales ayuntamientos afectados por este tema como pueden ser Madrid, Barcelona o Sevilla.
Asimismo, FEDETAXI ultima los detalles de la denuncia a Fomento, a raíz de las ayudas de Estado prohibidas por el tratado de la Unión Europea y en las que podrían incurrir las indemnizaciones por los seis o más años otorgados a las empresas titulares de autorizaciones VTC de no revertirse en fase parlamentaria las que han sido establecidas por el Gobierno y sus socios mediante la reciente convalidación del Real Decreto-Ley 13/2018. Asimismo, se solicita que se establezca un programa de compensaciones económicas al sector del taxi por la entrada disruptiva e ilegítima de Uber.
De momento, la patronal trabaja con su despacho de abogados en Bruselas para sentar las bases de cuál tiene que ser la reclamación, porque el nuevo decreto ley puede tramitarse dos o tres meses o incluso, si hay elecciones convocadas prematuramente, decaer y entonces quedaría en vigor el texto tal cual está ahora.