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Los taxistas piden a los partidos políticos que enmienden el Real Decreto-Ley para evitar que las VTC logren millones de euros de financiación pública como indemnizaciones. Madrid 27 de diciembre de 2018.

Ante los últimos acontecimientos como las peticiones de indemnizaciones millonarias por parte de las VTC, la ratificación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de la suspensión del reglamento “Colau” del AMB sobre VTCs, la ralentización de cualquier tipo de regulación municipal en Andalucía y otras CC.AA, y la cosmética consulta pública de Madrid, así como las proliferación de resoluciones judiciales a favor de la equiparación en cuanto a las restricciones al tráfico entre taxis y VTCs; FEDETAXI, la organización mayoritaria del taxi, vuelve a alertar sobre las deficiencias de parte del contenido del Real Decreto-Ley que el Gobierno 13/2018, de 28 de septiembre, en relación a la nueva regulación de los vehículos de arrendamiento con conductor (VTC), y por el que se entrega dentro de seis años su regulación a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, retirándose de las competencias sobre los tráficos urbanos de los vehículos VTC.

Dicho Decreto-Ley aboga por la aproximación de las legislaciones de ambos sectores y la regulación de sus tráficos por la administración más cercana al usuario, si bien la ausencia de un criterio de cooperación entre Administraciones y la ralentización de las reuniones entre Estado, CC.AA y Municipios en la Conferencia Nacional de Transportes que debe presidir el Ministro Ábalos, está dejando huérfana de contenido la regulación de las VTCs en las principales ciudades de España, sin acuerdos entre los partidos políticos que rigen municipios y comunidades y entre estos con el Estado. “No existe un modelo de cooperación entre Administraciones para la regulación de la movilidad urbana. Han abandonado a los taxistas a su suerte y han puesto al taxi a los pies de los caballos durante más de un lustro” declaró Miguel Ángel Leal, presidente de FEDETAXI.

Mientras, las más de 18.000 VTC que habrá en los próximos meses en España, buscan fagocitar el mercado y los fondos públicos demandando indemnizaciones millonarias que paralizan la acción de cualquier Administración ante tal incertidumbre, que es pésima para el desarrollo de las necesarias inversiones en el sector del taxi. Por ello, FEDETAXI pide a los partidos políticos que revisen y enmienden el Real Decreto-Ley tanto para evitar que las VTC logren indemnizaciones de miles de millones de euros como para compensar a los taxistas por la entrada irregular de esos 18.000 vehículos en su mercado tradicional, proporcionándoles herramientas y una regulación eficiente que les sitúe como la opción más atractiva para los usuarios.