El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el plan de 11.000 millones de ayudas a las empresas y los autónomos afectados por las restricciones de la pandemia que destinará finalmente 7.000 millones a ayudas directas y 4.000 a reestructuración de deuda.
Las ayudas directas tendrán una cantidad fija de 3.000 euros para los autónomos que tributen en régimen de estimación objetiva y oscilarán entre los 4.000 y 200.000 euros para el resto. Serán gestionadas a través de las Comunidades autónomas y el Gobierno estima hacer la transferencia de estas partidas en un mes y diez días. A partir de ese momento, dependerá de la celeridad de las Gobiernos autonómicos la gestión de las ayudas y el ingreso de las mismas a los autónomos.
Respecto a las ayudas directas, Calviño ha aclarado que «el nuevo fondo tiene dos líneas: una de 5.000 millones de euros para todas las comunidades y ciudades autónomas y otro de 2.000 millones para Canarias y Baleares». «Las comunidades podrán conceder ayudas no rembolsables de carácter finalista que se podrán destinar al pago de deudas. Podrán acceder aquellas empresas cuyos ingresos hayan caído como mínimo un 30% con respecto a 2019», ha precisado también, añadiendo que los Gobiernos autonómicos podrá ajustar los requisitos en función de la singularidad de cada región.
Lo que sí está claro es que las empresas que reciban las ayudas directas no podrán echar el cierre hasta junio de 2022, ni pagar dividendos ni aumentar el sueldo de sus directivos durante dos años, o tendrán que devolver el dinero.
La vicepresidenta tercera ha explicado que las ayudas se destinarán a sectores como el turismo, la hostelería y la restauración, el comercio o actividades relacionadas con la cultura y el deporte.
Con el paquete correspondiente a ayudas se podrán sufragar costes fijos, como podrían ser pagos de facturas o con proveedores, costes de alquileres o, incluso nóminas. Las comunidades cuentan con los 16.000 millones de euros transferidos por el Gobierno con el llamado Fondo Covid-19, más 8.000 millones del fondo europeo React-UE, y las regiones ya anticiparon que destinarían un 25% o 2.000 millones a ayudar al tejido productivo.
El segundo mecanismo o fondo será el dotado de 3.000 millones de euros para reestructuraciones de deuda avalada, en coordinación con las entidades financieras y donde el ICO podría, incluso, llegar a asumir quitas.
El tercer fondo de ayuda es el de 1.000 millones reservado para reforzar la solvencia de empresas, al estilo del fondo de rescate creado con 10.000 millones de euros y gestionado por la SEPI para ayudar a compañías estratégicas y que ya ha comprometido inyecciones de créditos participativos y ordinarios para Air Europa, la aerolínea Plus Ultra y Duro Felguera.
Este último vehículo lo gestionará la empresa pública Cofides y está pensado, como el de SEPI, para recapitalizar compañías, pero de tamaño mediano o pequeño. Entre otros instrumentos se ha barajado que pudiera utilizar deuda híbrida o créditos participativos.
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